Por: Eddy Manuel Díaz
Iniciamos visualizando a un ciudadano dominicano promedio, que a pesar de cotizar el Seguro Familiar de Salud, se enfrenta a la frustrante realidad de tener que cubrir de su bolsillo el costo de una intervención o esperar meses por una cita médica. Esta experiencia, generalizada en la población, es la dolorosa evidencia de la promesa rota del sistema de salud dominicano.
El sistema de salud dominicano se encuentra al borde del colapso estructural debido a dos grietas estructurales insostenibles en las políticas públicas: el financiamiento inadecuado y la calidad inconsistente de los servicios prestados, que deja a los pacientes desprotegidos. Estas deficiencias interconectadas tienen como resultado directo una falta de equidad en el acceso, lo cual perpetúa la desigualdad entre los ciudadanos. Estas deficiencias, no aisladas únicamente en la República Dominicana, demandan una revisión profunda y urgente a la legislación y la gestión para salvaguardar la salud pública.
La República Dominicana exhibe una paradoja en su sistema de salud: la Ley 87-01 y el Seguro Familiar de Salud han logrado afiliar a un gran porcentaje de la población; sin embargo, detrás de este éxito de cobertura se esconde una realidad financiera. A pesar de la existencia del seguro, los hogares dominicanos aún cargan con un gasto directo superior al 40%, según la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) de 2018 (BCRD/ONE), publicada en el año 2020.
Si bien el último análisis detallado por rubros, basado en la encuesta ya mencionada, expuso que los Gastos de Bolsillo en Salud (GBS) representaron un 50.5% del gasto en salud de los hogares, las estimaciones posteriores de las cuentas nacionales de salud, basadas en la metodología SHA (utilizada por la OPS), habían indicado una notable reducción de este porcentaje al 21% en 2021. Es fundamental matizar este dato: esta reducción es un efecto coyuntural causado por el aumento extraordinario del gasto público para gestionar la crisis de la pandemia del año 2020, que infló temporalmente el gasto corriente total en salud. Por lo tanto, el sistema, bajo condiciones operativas normales, mantiene la dependencia financiera del bolsillo de los ciudadanos, revelando que el pilar del financiamiento adecuado sigue siendo la primera y más crítica grieta estructural del sistema.
La inversión en salud en la República Dominicana es significativamente inferior a los estándares regionales. El gasto público en salud ha oscilado de un 2% a un 3.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Esta cifra fue documentada por la Fundación Plenitud en su estimación del gasto en salud del 2007-2021. Esta inversión es un contraste con el consenso internacional, ya que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que los países destinen un mínimo del 6% de su Producto Interno Bruto en gasto público en salud para garantizar la equidad en el acceso y avanzar en la cobertura universal.
La grieta de la calidad y operatividad: El fracaso de la Atención Primaria
La debilidad de la rectoría y la falta de protocolos se agravan por un problema estructural que satura todo el sistema de salud: la falta de implementación efectiva de la Atención Primaria en Salud en la República Dominicana.
La Atención Primaria en Salud se considera la puerta de entrada ideal al sistema de salud dominicano. Este es el primer nivel de contacto donde se busca tratar los problemas de salud comunes y gestionar los casos que requieran especialización. Sin embargo, en la práctica, este nivel funciona de manera deficiente y sin la capacidad resolutiva necesaria. Al no haber una Atención Primaria en Salud robusta, la población, ante cualquier síntoma o necesidad, ignora el primer nivel y acude directamente a los hospitales y emergencias.
Este patrón no es exclusivo del año en curso, ya que desde hace muchos años ha sido señalado por diferentes medios de comunicación, indicándose como la causa de la saturación crónica del sistema. El principal desafío de los centros de salud, tanto públicos como privados, es diseñar una estrategia eficaz para manejar las urgencias médicas y, al mismo tiempo, reducir la saturación de sus servicios (Periódico Hoy, 2021).
El Ministro de Salud Pública declaró: "Un peso invertido en Atención Primaria en Salud representa una reducción del 67% en las enfermedades y el gasto en salud" (oct. 2024), una cifra que resulta teórica y desconectada de la realidad operativa del país. La declaración puede interpretarse como una forma de desviar la atención del problema actual. En lugar de explicar por qué el sistema actual (que supuestamente tiene un buen modelo) sigue colapsado, se utiliza una métrica ideal para justificar una futura inversión, sin rendir cuentas por la ineficiencia histórica.
Esta promesa de un ahorro del 67% choca directamente con la evidencia de campo, como lo demuestra la tesis de posgrado de Calderón De Luna (2025) sobre el nivel de conocimiento sobre centros de atención primaria de pacientes que acuden al triaje de la emergencia del Hospital Docente Juan Pablo Pina. Dicha investigación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) concluye que la sobrecarga en el triaje de emergencia en hospitales como el Juan Pablo Pina no cesa porque la población carece del conocimiento sobre la función y los beneficios de la APS. Así, el sistema continúa malgastando recursos en la atención de urgencia para problemas de baja complejidad, lo que prueba que la falla actual no es solo de infraestructura, sino de confianza pública, capacidad resolutiva y un rotundo fracaso del Estado en la sensibilización, haciendo que la reingeniería propuesta sea solo una meta ambiciosa y no una solución inmediata al colapso hospitalario.
El sistema de salud dominicano enfrenta un colapso estructural originado por dos problemas principales: la debilidad en su financiamiento y la calidad inconsistente de los servicios. A pesar de la existencia del seguro, los hogares aún tienen que cargar con una gran parte de los gastos médicos de su propio bolsillo, lo cual incumple los estándares internacionales de inversión pública en salud. Este déficit financiero se ve agravado por la ineficiencia e ineficacia de la Atención Primaria en Salud (APS). La APS, al carecer de la capacidad resolutiva necesaria, lleva a la población a ignorar ese primer nivel de atención y a sobrecargar crónicamente las emergencias de los centros hospitalarios de mayor nivel. La sobrecarga no cesa porque la gente simplemente no conoce bien la función y los beneficios de la Atención Primaria.
Abordar estas deficiencias requiere una reforma profunda tanto en la gestión como en la legislación de la nación. Exhortamos a la ciudadanía a no tener miedo de hablar y demandar soluciones sobre las deficiencias del sistema, porque ¡Tu voz es salud!